Abigail Arredondo sostuvo que la protesta social es consecuencia de la ausencia de soluciones institucionales y del incumplimiento de las responsabilidades gubernamentales frente a los reclamos de la población.
La protesta social se ha convertido en una constante en distintas regiones del país, donde miles de ciudadanos recurren a las movilizaciones para exigir atención a demandas que consideran ignoradas por las autoridades. Abigail Arredondo señaló que estas expresiones no deben interpretarse como actos aislados o caprichosos, sino como una consecuencia directa de la falta de respuesta institucional. Cuando los canales de diálogo dejan de ofrecer resultados, la ciudadanía busca otras formas de hacerse escuchar.
En ese contexto, recordó que el derecho a la protesta forma parte de las libertades fundamentales reconocidas por el marco constitucional mexicano. Más allá de las afectaciones que puedan generar algunas movilizaciones, el fondo del problema radica en la incapacidad gubernamental para resolver conflictos y atender reclamos legítimos relacionados con justicia, seguridad, educación y desarrollo social. La persistencia de las manifestaciones refleja que muchas exigencias continúan sin respuesta.
Asimismo, consideró que reducir las protestas a un problema de movilidad o a una simple molestia para terceros implica ignorar las causas que las originan. La falta de soluciones oportunas, el retraso en la atención de demandas y la simulación política terminan profundizando el descontento social. En lugar de atender únicamente las consecuencias visibles de las movilizaciones, resulta indispensable analizar las razones que llevan a miles de personas a salir a las calles.
Bajo esa perspectiva, la defensa de México también implica garantizar gobiernos que escuchen, dialoguen y respondan con eficacia a las necesidades de la población. Abigail Arredondo sostuvo que fortalecer las instituciones requiere atender las causas de los conflictos sociales y generar soluciones reales que permitan recuperar la confianza ciudadana, privilegiando siempre la participación, la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.