Alejandro Moreno sostuvo que el derecho de réplica es necesario, pero advirtió que su regulación debe fortalecer la pluralidad y no ampliar la capacidad del poder para controlar el relato público.
Alejandro Moreno reconoció que el derecho de réplica constituye una herramienta legítima dentro de cualquier democracia, al permitir que las personas respondan frente a información que consideren falsa, inexacta o perjudicial. Sin embargo, advirtió que cualquier modificación a sus reglas debe construirse con garantías de imparcialidad y bajo criterios que eviten convertir esta figura en un instrumento de presión política sobre periodistas, medios de comunicación o voces críticas.
El presidente nacional del PRI señaló que la discusión pierde equilibrio cuando las autoridades buscan imponer nuevas obligaciones a la prensa mientras sus propios mecanismos de comunicación permanecen sin procedimientos equivalentes para responder a señalamientos públicos. Consideró que las conferencias gubernamentales también deberían contar con estándares transparentes de verificación y corrección, particularmente cuando desde ellas se mencionan personas o se presentan acusaciones que pueden afectar reputaciones.
Moreno sostuvo que una democracia necesita medios sujetos a responsabilidades, pero también gobiernos dispuestos a ser cuestionados bajo las mismas condiciones. Añadió que la existencia de códigos de ética, procesos editoriales, solicitudes de rectificación y vías legales permite revisar la actuación de los medios, mientras el desafío consiste en establecer controles igualmente claros para evitar que la comunicación institucional se convierta en un espacio unilateral sin posibilidad efectiva de contraparte.
Ante este escenario, Alejandro Moreno llamó a analizar con cautela cualquier propuesta que modifique la relación entre autoridades y medios de comunicación. Señaló que fortalecer el debate público exige ampliar la pluralidad, garantizar condiciones equitativas para responder y evitar que el poder político concentre simultáneamente la capacidad de señalar, juzgar y determinar qué información debe prevalecer en la conversación nacional.
