En Rueda de Prensa, el PRI Querétaro acusa a Morena de anteponer la protección de servidores públicos corruptos sobre la seguridad ciudadana, manteniendo a la extorsión como el delito más doloroso para los mexicanos.
El PRI Querétaro Pone el Dedo en la Llaga: Morena Frena la mejora de la Ley de Extorsión por Intereses Políticos
El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro ofreció una contundente Rueda de Prensa para abordar las recientes discusiones en el Congreso federal sobre la Ley de Extorsión. El mensaje del PRI fue directo y severo: Morena no quiso avanzar en la mejora de esta Ley para “proteger a servidores públicos que la ejercen”.
El Contexto de un Delito Doloroso:
El PRI Querétaro enfatizó que la extorsión es uno de los delitos que más afecta la vida diaria y el patrimonio de los mexicanos, especialmente en el sector productivo y en las PyMES. No se trata solo de llamadas telefónicas, sino de “cobro de piso” y la exigencia de dinero a cambio de “protección” o servicios, un fenómeno que en muchos casos involucra la colusión o la participación directa de funcionarios corruptos. Al negarse a impulsar una legislación que castigue de manera efectiva este flagelo, Morena demuestra una falta de sensibilidad y un claro compromiso con la impunidad.
La postura del PRI Querétaro respalda el trabajo que ya se realiza desde la tribuna federal. La diputada federal y dirigente estatal, Abigail Arredondo Ramos quien ha sido una voz constante en el tema, ha señalado en repetidas ocasiones que la extorsión no es solo un problema de leyes, sino de corrupción e impunidad, un fenómeno que ha escalado dramáticamente bajo la inacción del gobierno federal.
El PRI dejó claro que la negativa de Morena a fortalecer la Ley de Extorsión es un acto de complicidad que traiciona la confianza de los ciudadanos que claman por seguridad. El partido reitera su compromiso de seguir la lucha en el Congreso para asegurar que se legisle sin pretextos, anteponiendo la seguridad de las familias y de los negocios por encima de cualquier interés político o de protección a funcionarios corruptos.