Abigail Arredondo señala que lo ocurrido en Sinaloa refleja un problema estructural en seguridad y gobernabilidad que requiere respuestas de fondo
La situación en Sinaloa ha escalado a un nivel de alta tensión política e institucional tras una serie de hechos que han puesto en el centro del debate la relación entre poder, seguridad y legalidad. En los últimos días, el entonces gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo en medio de señalamientos públicos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que a nivel municipal también se registraron movimientos similares bajo cuestionamientos. Este contexto ha generado una percepción de inestabilidad que rebasa lo administrativo y se instala en el terreno de la credibilidad institucional.
A este escenario se suma la designación de una nueva figura del mismo grupo político, Yeraldine Bonilla Valverde, lo que ha sido interpretado por distintos actores como una continuidad más que como un intento de corrección de fondo. La permanencia de perfiles vinculados al mismo entorno político ha alimentado la idea de que los cambios responden a una estrategia de contención y no a un ejercicio de rendición de cuentas.
En paralelo, la discusión pública se ha intensificado por los mensajes emitidos por el propio Rocha Moya, los cuales han sido leídos en clave política como advertencias internas dentro del grupo en el poder. Este elemento ha elevado la tensión y ha reforzado la percepción de que existe una disputa o presión al interior, lo que añade complejidad a un contexto ya marcado por la violencia y la inseguridad en la entidad.
Es en este escenario donde Abigail Arredondo fija su postura, al señalar que lo ocurrido en Sinaloa no puede entenderse como una simple pausa administrativa. Desde su perspectiva, la coincidencia de licencias, señalamientos y relevos políticos revela una crisis más profunda en la forma en que se ha ejercido el poder y en la capacidad institucional para responder a los retos de seguridad.
La también líder priista advierte que cuando autoridades se separan del cargo bajo sospecha, el problema no se resuelve con su salida temporal. Por el contrario, se abre un vacío que impacta la gobernabilidad y genera incertidumbre en la población, especialmente en una entidad donde la presencia del crimen organizado ha sido un desafío constante.
Otro punto que subraya Abigail Arredondo es el impacto que estos hechos tienen en la confianza ciudadana. La percepción de que no hay consecuencias claras o investigaciones transparentes puede profundizar el distanciamiento entre sociedad e instituciones, debilitando el Estado de Derecho en un momento donde se requiere fortaleza institucional.
Asimismo, el caso de Sinaloa ha encendido alertas a nivel nacional sobre la forma en que se procesan las crisis políticas. La falta de claridad en las decisiones, sumada a la continuidad de los mismos grupos en el poder, puede interpretarse como una señal de que no existe una intención real de corregir el rumbo, sino de administrar el costo político.
Finalmente, Abigail Arredondo ha exigido que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades sin excepciones. Para ella, el país no puede normalizar escenarios donde la sospecha, la violencia y la falta de respuestas se convierten en parte de la vida pública. La exigencia de cuentas claras no es solo una postura política, sino una condición necesaria para recuperar la confianza y garantizar que la ley se aplique sin privilegios.
