Abigail Arredondo plantea la necesidad de una estrategia nacional más sólida para atender el feminicidio y garantizar justicia efectiva para las víctimas y sus familias.
La reciente columna de opinión de Abigail Arredondo pone sobre la mesa la urgencia de fortalecer el marco legal en materia de feminicidio en México. Su planteamiento parte de una realidad compleja: la falta de homologación entre las legislaciones estatales, lo que genera diferencias importantes en la forma en que se investiga, procesa y sanciona este delito en el país.
Desde esta perspectiva, se subraya que una Ley Nacional contra el feminicidio permitiría unificar criterios jurídicos, evitando que la justicia dependa del estado donde ocurra el crimen. Esta disparidad actual provoca vacíos legales y abre la puerta a interpretaciones distintas que, en muchos casos, dificultan la sanción efectiva de los responsables.
Uno de los puntos centrales del análisis es el problema de la impunidad. En múltiples casos, las investigaciones no avanzan con la rapidez o la solidez necesaria, lo que retrasa el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. Esta situación no solo genera dolor, sino también desconfianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
También se destaca la importancia de mejorar la coordinación entre autoridades de los distintos niveles de gobierno. La falta de articulación entre fiscalías, poderes judiciales y áreas de atención a víctimas limita la eficacia de las respuestas institucionales ante la violencia de género, lo que refuerza la necesidad de un marco normativo más sólido y uniforme.
El planteamiento incluye además la necesidad de fortalecer capacidades institucionales mediante capacitación, protocolos claros y recursos suficientes. La atención del feminicidio requiere personal especializado que actúe con perspectiva de género y evite la revictimización durante los procesos de investigación y judicialización.
Abiagail concluye que una Ley Nacional contra el feminicidio no es una solución aislada, pero sí un paso fundamental para avanzar hacia un sistema de justicia más eficiente. El objetivo es claro: cerrar vacíos legales, reducir la impunidad y garantizar que cada caso sea atendido con la seriedad y urgencia que merece, sin importar en qué parte del país ocurra.