El PRI Querétaro sostuvo que las decisiones tomadas en torno al Poder Judicial han generado problemas operativos que afectan directamente a ciudadanos que esperan una resolución legal.
A dos años de que se plantearan diversas advertencias sobre los riesgos de modificar el sistema de elección de jueces y magistrados, el PRI Querétaro afirmó que hoy comienzan a observarse consecuencias que impactan directamente el funcionamiento de los tribunales. La fuerza política señaló que muchas de las preocupaciones expresadas durante la discusión de la reforma judicial están relacionadas con la preparación de quienes imparten justicia, la independencia de los órganos jurisdiccionales y la capacidad institucional para atender la demanda ciudadana.
La dirigencia estatal recordó que especialistas, legisladores y distintos sectores advirtieron sobre los riesgos de elegir mediante voto popular a integrantes del Poder Judicial, al considerar que ello podía afectar criterios técnicos y profesionales indispensables para el desempeño de sus funciones. Según el PRI Querétaro, actualmente existen casos que generan preocupación sobre la capacidad operativa de algunos juzgadores y sobre la calidad de las resoluciones emitidas en distintos procesos judiciales.
Uno de los puntos que más preocupa, señaló el partido, es el rezago acumulado en los tribunales. De acuerdo con cifras citadas por el priismo queretano, al cierre de 2025 el Poder Judicial Federal registraba más de 537 mil expedientes pendientes de resolución, mientras que a nivel local la cifra acumulada alcanzaba alrededor de 800 mil asuntos. El partido destacó que detrás de cada expediente existen personas que esperan justicia en temas relacionados con pensiones alimenticias, conflictos laborales, patrimonio familiar o derechos fundamentales.
Por ello, la fuerza política sostuvo que defender a México también implica proteger instituciones capaces de garantizar justicia pronta y eficaz para todos los ciudadanos. Asimismo, recordó que la reforma que avaló la reelección de magistrados del TEPJF y aplazó la elección judicial fue aprobada por el Congreso el 29 de mayo de 2026, decisión que, a juicio del partido, confirma las inconsistencias de una reforma que sigue generando incertidumbre sobre el futuro del sistema judicial mexicano.