El PRI Querétaro fija postura ante la crisis política en Sinaloa tras la salida de Rubén Rocha Moya y el relevo en el gobierno estatal
La situación política en Sinaloa ha generado una nueva ola de cuestionamientos a nivel nacional luego de la salida de Rubén Rocha Moya del cargo de gobernador en medio de señalamientos públicos que han puesto bajo la lupa la conducción del estado. La decisión de separarse del cargo, presentada como un movimiento administrativo y político, ha reabierto el debate sobre el alcance real de las responsabilidades cuando existen acusaciones de alta gravedad en torno a una administración estatal.
En este contexto, el PRI Querétaro ha fijado una postura firme al señalar que la licencia o separación del cargo no puede interpretarse como un cierre del caso ni como una exoneración automática. Desde esta visión, lo ocurrido en Sinaloa exige una revisión profunda de los hechos, así como el fortalecimiento de las investigaciones institucionales para esclarecer cualquier señalamiento que haya surgido durante la gestión.
El relevo en el gobierno estatal, encabezado ahora por una nueva figura del mismo entorno político, ha sido observado con cautela por distintos sectores del partido. La preocupación central radica en que los cambios de administración no necesariamente implican un deslinde de responsabilidades ni una revisión completa de las decisiones tomadas en el periodo anterior, lo que mantiene abiertas las dudas sobre el manejo de la crisis.
Desde el PRI Querétaro se ha subrayado que el Estado de derecho no puede depender de movimientos políticos o decisiones administrativas. La exigencia es clara: las instituciones deben actuar con independencia y determinar, con base en pruebas, el alcance de los señalamientos que han rodeado a la administración saliente. En ese sentido, la separación del cargo no sustituye el proceso de rendición de cuentas.
También se ha planteado que este caso refleja un problema más amplio en el país, donde la percepción de impunidad puede debilitar la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando los procesos políticos no van acompañados de claridad jurídica, se abre espacio para la desconfianza y la percepción de que la política puede ser utilizada como mecanismo de protección frente a la ley.
El PRI Querétaro insiste en que la prioridad debe ser garantizar que las investigaciones avancen sin presiones y sin condicionamientos políticos. La exigencia de fondo no es solo sobre un caso específico, sino sobre la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de procurar justicia y asegurar que ningún actor político quede fuera del escrutinio legal.
Finalmente, la postura del PRI Querétaro busca colocar el caso de Sinaloa como un punto de reflexión nacional. Más allá del cambio de administración, el mensaje central es que la legalidad debe prevalecer sobre cualquier movimiento político, y que la justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias para garantizar certeza, confianza y respeto al Estado de derecho en México.